Radio FM Aries Ataliva
La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe aprobó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo para conocer el grado de cumplimiento de la Ley Provincial N.º 13.671, sancionada en 2017, que establece la creación de 19 centros de atención integral para personas con consumos problemáticos.
La iniciativa, impulsada por el representante del departamento Castellanos, solicita información precisa sobre si alguno de los centros previstos en la ley fue efectivamente puesto en funcionamiento, su ubicación, el tipo de operatividad con la que cuentan y los servicios que prestan. También se requiere saber si la norma fue debidamente reglamentada, ya que su artículo 11 establece un plazo de 90 días para dicho procedimiento desde su promulgación.
El Senado también solicita detalles sobre el rol asumido por el Ministerio de Salud como autoridad de aplicación, la intervención de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD), y la articulación prevista entre distintos ministerios e instituciones para la ejecución del programa. Además, se requiere conocer si se firmaron convenios con organizaciones sociales, municipios y comunas, y si existieron auditorías o asignaciones presupuestarias destinadas a tal fin.
La ley, aprobada por unanimidad en su momento y luego confirmada por la Legislatura tras un intento de veto parcial, continúa sin avances significativos en su aplicación. Esta situación motivó el reclamo de mayor transparencia institucional y el cumplimiento efectivo de una normativa que busca dar respuesta a una problemática de alto impacto social y sanitario.
Desde el Senado, se destacó la necesidad urgente de avanzar en la implementación de políticas públicas concretas que acompañen a las personas que atraviesan situaciones de consumo, en un marco integral, comunitario y con enfoque de derechos, en sintonía con la legislación nacional y los compromisos internacionales asumidos por el país.
El pedido de informes busca poner en agenda esta deuda pendiente del Estado con miles de familias que, en diferentes puntos de la provincia, reclaman asistencia y acompañamiento frente a una problemática que atraviesa transversalmente a toda la sociedad.
